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Guillermo Francos, es el ministro coordinador del gobierno libertario y tiene 74 años. En septiembre fue ingresado por una descompensación por cuadro sincopal y pérdida de conocimiento, informó la agencia NA. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a ser internado esta mañana a raíz de un chequeo programado, según confirmaron fuentes del entorno, aunque se desconocen los detalles de la clínica en la que permanece.

“Es un chequeo médico programado. No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó. No hay nada para comunicar”, aseguró una alta fuente al corriente del presente del titular de ministros.  

A principios de septiembre, debió ser ingresado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia, y por ese motivo, Francos sigue de cerca su estado de salud. 

El funcionario de 74 años estuvo dos días en observación mientras le realizaban los estudios pertinentes. A pesar del episodio, se recuperó favorablemente y recibió el alta médica el lunes 9 de septiembre.

En aquella oportunidad, el titular de ministros fue ingresado en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Aquel episodio se enmarcó luego de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. 

La pobreza alcanzó al 49,9% de la población, alrededor de 23 millones de argentinos, lo que representa una baja respecto del comienzo del año, aunque aún se encuentra por encima en la comparación interanual, de acuerdo con la medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).

A principio de año, con el efecto inicial del ajuste en los primeros meses de Gobierno de Javier Milei, la pobreza había llegado a casi 55% de la población, desde el 44,7% de fines de 2023.

Sin embargo, en el segundo trimestre el número empezó a revertirse y en el tercer trimestre retrocedió a 49,9% de pobreza. 

En tanto, la indigencia pasó de 11,9% en 2023 a 12,9% en el tercer trimestre de este año.

En este contexto, se relevó que 29,4% de los hogares debió recortar el gasto en medicamentos; 29,9% no pagó tasas o impuestos; y 27,1% no pudo pagar algún servicio.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dijo que “lo que estamos sufriendo hoy no es sólo el efecto de una política de ajuste sino el agotamiento de un ciclo económico que tiene más de 20 años” y consideró que “la política del actual Gobierno era de alguna manera necesaria”.

Al presentar el informe a la prensa, sostuvo que las políticas de ajuste “se hicieron a un ritmo muy acelerado y con alto costo inmediato”, aunque “tuvieron un impacto regresivo de menor profundidad de lo que podía esperarse”.

Afirmó que “los datos tiene efecto estadístico de la caída de la inflación y que no haya caído el empleo, aunque sí creció la informalidad”.

La baja de la pobreza “no necesariamente se expresa en mayores niveles de consumo” debido a que “hay un incremento del gasto en servicios”, agregó.

Entre 2022-2023-2024 aumentó la proporción de personas en situación de indigencia y pobreza. 

Al analizar la pobreza e indigencia en la infancia, se relevó que actualmente 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema. 

El 65,5% de los niños en Argentina viven en situación de pobreza y 19,2% en situación de indigencia.

Salvia observó que “hay una desinversión generacional” dado que en 2011-2012 40% de los niños eran pobres y hoy ese número asciende a 65,5%.

Se observa un incremento de la pobreza infantil en los estratos medios, pero sobre todo una mayor concentración de pobreza extrema en los estratos más bajos de la estructura social. Los niños/as de hogares con menor capital social son los más sufrientes y afectados por la crisis.

Por otra parte, en la Argentina urbana actual el 36,3% de los hogares reciben asistencia económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal.

Si se calcula la situación sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, se estima que la indigencia ascendería a 23,2% y la pobreza a 55,4% de la población.

En este contexto, Salvia acotó que “buena parte del problema está en la estructura ocupacional. Argentina no genera buenos empleos”.

Se observa un aumento del subempleo inestable (changas), que alcanza al 23,6% de la población económicamente activa; mientras que sólo 40% de la fuerza de trabajo tiene empleo pleno de derechos (con salario que cubre el costo de vida, estabilidad y aportes de seguridad social).

El deterioro de las oportunidades de empleo y de las remuneraciones se correlaciona con el aumento del porcentaje de ocupados que residen en hogares pobres, con marcadas diferencies entre estratos socioeconómicos. 

De acuerdo con el relevamiento, el 35,3% de los trabajadores es pobre.

El Observatorio de la UCA advirtió que “no solo hay que estabilizar la macroeconomía, sino también proyectar un desarrollo con mayor productividad, empleo e inclusión social” y llamó a definir “políticas orientadas a fomentar la inversión, introducir nuevas tecnologías, multiplicar las exportaciones, recuperar el ingreso y hacer posible la creación de más y mejores empleos, junto a un cambio radical en el sistema de seguridad social”. 

Salvia sostuvo que “la tendencia de la pobreza es a la baja; es de esperar que la pobreza siga bajando y el Gobierno termine el año por debajo del último trimestre del año pasado”.

“Esperábamos indicadores más graves. La sociedad argentina tenía reservas que no medíamos, que hizo que el proceso de crisis se viera amortiguado”; sin embargo, “tenemos problemas estructurales que la crisis actual no los resuelve y está abierto el futuro”, concluyó.

 

Luego de que el Gobierno comunicara que las personas que desearan trabajar en el Estado deberían demostrar estar capacitados para ocupar el rol por medio de un examen, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública presentó el reglamento que se aplicará a la hora de evaluar a los empleados públicos. La prueba de aptitud forma parte de un plan para reorganizar el empleo público, con el objetivo de volverlo “más transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”.

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado oficializó la normativa que quedó plasmada en la resolución 26/2024. De esta manera, quedó habilitada la instancia evaluatoria a la que serán sometidos en primera instancia los empleados estatales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el resto de las localidades bonaerenses.

Hasta el momento, no se definió de forma oficial el cronograma que se aplicará, aunque anticiparon que las fechas serán informadas a través de la página oficial de Argentina.gob.ar – “Sistema de Evaluación Pública (SEP)”. Asimismo, confirmaron que las personas que posean el certificado único de discapacidad (CUD) quedarán exceptuadas temporalmente de rendir los exámenes hasta que el mismo sea adecuado para garantizar la accesibilidad del mismo.

El Gobierno comenzó a trabajar en la evaluación, después de que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 fuera promulgada a mediados de este año, pues en ella se estableció la facultad de que el Poder Ejecutivo pueda reorganizar la estructura administrativa con la finalidad de “lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”. Al mismo tiempo que se procuraba una “reducción de la estructura estatal acorde con el plan de disminuir el déficit fiscal y mantener el equilibrio de las cuentas públicas”.

A raíz de esto, se estableció que los exámenes deberán serán de modalidad presencial, anónima y en formato digital. Sin embargo, adelantaron que “se utilizará un procedimiento para que cada persona evaluada sólo pueda ser individualizada luego de su calificación”, ya que se conservarán los datos personales de las personas para poder notificarlos durante el proceso de evaluación.

En este sentido, señalaron que los interesados deberán inscribirse por medio del sitio web oficial, en donde podrán solicitar un turno para el tipo de examen correspondiente. Mientras que aclararon que cualquier tipo de error en la inscripción será tenido en cuenta a la hora de evaluar los resultados globales, confirmaron que el turno podrá ser cancelado o reprogramado hasta 72 horas antes del día asignado.

Una vez que el sistema asigne una fecha, lugar y hora para rendir la evaluación, deberán esperar a que las credenciales de examen lleguen al domicilio declarado. Las mismas solo serán válidas el día del turno y serán cruciales para garantizar el anonimato y posterior identificación de cada persona evaluada. No obstante, recordaron que ese día deberán concurrir con el DNI, para poder acreditar su identidad y confirmar que asistió ese día, en caso contrario, será considerado como ausente y no habilitado para rendir la prueba.

Respecto del contenido de la evaluación, las autoridades confirmaron que se tratará de un examen de preguntas con respuestas múltiples, de las cuales solo una de ellas sería la correcta. Asimismo, señalaron la cantidad dependerá de la categoría en la que se encuentren insertos, ya que para los “Profesionales” serán 24 y para los “No Profesionales” serán 20 en total. En ambos casos, la instancia de evaluación durará una hora.

El puntaje máximo que se podrá obtener será de 100 puntos, sin embargo, remarcaron que será necesario tener una puntuación mínima de 60 puntos para considerarse aprobado. El resultado se conocerá por medio del sitio web y podrá descargarse un certificado de aprobación digital que tendrá un código alfanumérico único homologado por la Secretaría de Transformación de Estado y Función Pública.

En el caso de que la evaluación haya sido desaprobada, la persona tendrá la oportunidad de presentarse a la prueba hasta tres veces por año calendario. No obstante, en esta ocasión aclararon que el mes de diciembre 2024 será considerado como parte del 2025. Por este motivo, el plazo de la normativa se extenderá hasta el 31 de diciembre del año entrante.

El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”, informó la agencia NA.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, el texto oficial, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

El gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de 388.500 pesos, y además deberán realizar un trámite de inscripción en el “subsidio social”.

“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el PAMI en un comunicado de prensa.

“Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo, puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”, dijo el titular del PAMI, Esteban Leguízamo.

Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60 y 80% siguen sin modificaciones. Los medicamentos de venta libre no tienen ningún tipo de descuentos.

Si bien el parte de prensa no lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI. El comunicado de PAMI tampoco precisa desde cuándo rige la medida, aunque diferentes denuncias de jubilados aseguran que comenzó ayer 1 de diciembre.

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes:

• Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)
• No estar afiliado a una prepaga.
• No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
• No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
• De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

 

La CTA Autónoma de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma convocan a la Jornada Federal de Lucha que se realizará el próximo jueves 5 de diciembre en todo el país. En el AMBA se movilizará a las 13 hs. a Plaza de Mayo. Junto a las dos CTA convocan la UTEP, Territorios en Lucha, sindicatos de la CGT, sectores Pymes, agrupaciones políticas y organismos de DDHH.

A través de un comunicado, la CTAA advierte: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei las organizaciones sindicales y sociales hemos puesto el acento en cada una de las políticas de ajuste y saqueo que se fueron ejecutando contra los derechos de las mayorías y que han logrado que aumente exponencialmente la desocupación, la pobreza y el hambre entre nuestro pueblo”.

Y añade: “Durante todo el año fuimos parte de los Paros Generales del 24 de enero y 9 de mayo. Desbordamos las calles el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 24 de marzo para continuar reclamando más Memoria, Verdad y Justicia. Construimos una de las movilizaciones más grande desde el Retorno a la Democracia cuando el 24 de abril miles y miles de alumnos, docentes y sindicatos colmamos las calles para defender la educación pública y lo repetimos el 2 de octubre frente al Congreso de la Nación. Así continuamos con decenas de convocatorias, medidas de fuerzas y paros sectoriales a lo largo y ancho de todo el país”.

La marcha convocada por ambas CTA se realizará bajo la consigna “Por una Argentina sin Hambre, con Paz, Justicia Social y Soberanía”, el objetivo es “ponerle un freno a las políticas neoliberales que impone el Gobierno y para defender la Soberanía Nacional que es la capacidad de nuestro pueblo para decidir sobre el destino económico, político y social”.

 

El Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” celebró su 18.ª edición en Argentina, distinguiendo a seis investigadoras que destacan por su excelencia y compromiso en disciplinas STEM. La ceremonia se realizó en la sede del CONICET en Buenos Aires y reafirmó el esfuerzo conjunto por promover la igualdad de género en la ciencia.

En la categoría Premio, se reconoció a Paula Angelomé por su proyecto de reutilización de residuos de oro para la creación de catalizadores y sensores, mientras que María Laura Fanani y Karina Miglioranza recibieron menciones por sus trabajos en surfactantes bioactivos y análisis de contaminantes persistentes, respectivamente. En la categoría Beca, la ganadora fue Julieta Merlo, destacada por su diseño de un stent cardiovascular bioabsorbible, con menciones para Lucía Toscani y Nadia Vega, enfocadas en materiales nanoestructurados para energías limpias y nanomateriales para energía solar.

El evento contó con la participación de destacados referentes de la ciencia y la tecnología. Durante la ceremonia, Daniel Salamone, presidente del CONICET, expresó: “Este premio no solo reconoce la excelencia de nuestras científicas, sino que también visibiliza el esfuerzo de tantas mujeres que trabajan incansablemente para avanzar en el conocimiento desde Argentina. Es un privilegio ser testigo de cómo estas investigadoras inspiran a las futuras generaciones.”

El galardón, impulsado por L’Oréal y la UNESCO, se consolida como una plataforma esencial para empoderar a mujeres y fomentar su participación en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo. (Fuente: UNESCO)

La Justicia Federal intimó al Ministerio de Capital Humano para que incorpore a 66 comedores comunitarios en el Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días hábiles, después de una medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS, informó la agencia NA.

Dentro del marco de esa medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, el tribunal notificó el jueves último a la cartera que conduce Sandra Pettovello de que debe integrar al reparto de víveres a “los 66 comedores de la Asociación Civil ´El Amanecer de los Cartoneros´ bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias”, según se informó hoy.

El juzgado manifestó además que los once restantes, debido a que la presentación de la UTEP era por 77 comedores, quedaron afuera porque, según informó Capital Humano a la Justicia, esos establecimientos no pudieron ser relevados a raíz de que “los mismos no se encontraban en funcionamiento como tales”.

Luego de que el fallo se diera a conocer, la cartera que encabeza Pettovello aseguró que “no ha incumplido ninguna orden judicial en relación al Programa Alimentar Comunidad”.

“La asociación ´El amanecer de los cartoneros , en el expediente UTEP c/ Ministerio de Capital Humano s/ amparo, solicitó la incorporación de 77 comedores al Programa Alimentar Comunidad, de los cuales 11 de ellos fueron visitados por esta cartera y se comprobó que no existían”, precisaron desde Capital Humano en un comunicado.

La cartera social manifestó que se notificó “debidamente” al juzgado sobre la inexistencia de una parte de los comedores que la asociación vinculada a la UTEP pedía incorporar.

“El día jueves 28 de noviembre el magistrado nos informó que se debía proceder a la incorporación de 66 comedores, para lo cual se dio un plazo que no se encuentra vencido. Seguiremos verificando que cada comedor exista”, sostuvieron desde la cartera nacional.

Por su parte, desde la agrupación Argentina Humana, que encabeza el dirigente social Juan Grabois, destacaron que la Justicia le dio el “ultimátum” a Capital Humano y que la cartera deberá “abastecer” a los comedores comunitarios.

Desde ese espacio político consideraron que los 77 comedores que restan incorporar son solo “una pequeña parte de los cientos de espacios comunitarios que garantizan el derecho a la alimentación de la población más vulnerable en todo el país”.

Al hacer mención al pedido de la Justicia a Capital Humano, sostuvieron que Pettovello “miente diciendo que 11 de los 77 comedores no existen”.

“La presentación que el propio ministerio hizo en la Justicia reconoce que en realidad esos 11 comedores ´no habían podido ser relevados´”, señalaron desde Argentina Humana en un comunicado. 

Y remarcaron que “son nueve los jueces federales que dan lugar al planteo jurídico realizado por la UTEP y reconocen que el accionar de Capital Humano pone en riesgo el derecho humano a la alimentación de la población”.