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El próximo jueves se cumplirán 46 años del último Golpe de Estado cívico militar en Argentina. Los juicios de Lesa Humanidad, que juzgan a los responsables de estos crímenes comenzaron luego de que el desarrollo del Juicio a las Juntas (1985) se viera truncado debido a la sanción de las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) y a los indultos otorgados a los integrantes de las Juntas militares (1990), cuando ante la imposibilidad de condenar penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, se empiezan a desarrollar en diferentes puntos del país los Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial sin efectos penales.

Estos juicios orales son producto de la lucha de los organismos de derechos humanos que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad mediante la búsqueda judicial de la verdad, respaldados en el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos.

En 1998, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsado por el bloque FREPASO, y al día siguiente el Senado le dio sanción.

Dicha ley fue promulgada de hecho porque el presidente Carlos Menem no la vetó, pese a que había anticipado que lo haría.

La derogación de las leyes de impunidad fue otro paso del Estado Argentino, que quitó así de su legislación dos normas creadas especialmente para favorecer a criminales que actuaron bajo su amparo. Fue un gesto de alto simbolismo pero de escasa efectividad, al menos en el mediano plazo, ya que la misma no es de aplicación retroactiva.

En 1999, organismos de derechos humanos plantearon en Córdoba la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La Cámara Federal no aceptó la apertura de procesos por los crímenes contemplados en ambas normas, pero señaló que no había impedimento para avanzar en los que habían sido excluidos: apropiaciones de niños y niñas, delitos sexuales y robo de bienes.

De este modo, el avance y la consolidación de los Juicios por la Verdad y la apertura de causas en Europa contextualizaron las primeras detenciones en nuestro país por crímenes relacionados a la apropiación de niños y niñas, expresamente excluidos de la impunidad que brindaron las leyes de punto final y de obediencia debida.

Sin embargo, hubo que esperar hasta el dictado de la nulidad de estas normas en 2003 y a la declaración de inconstitucionalidad en 2005 por la Corte Suprema para acabar con aquél efecto.

Según el último informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de diciembre de 2020, en 14 años de juicios se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas.

Muchos acusados murieron antes de obtener sentencia, dado la cantidad de tiempo que pasó de los hechos y las demoras considerables de la justicia.

El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio, tiempos muy dilatados para miles de víctimas y familiares que esperan la condena de los responsables de los peores crímenes cometidos desde el Estado contra el pueblo argentino.

En nuestra provincia, se desarrolla en la actualidad el sexto juicio de lesa humanidad. El mismo acumula 15 causas contra 21 imputados, entre ellos militares retirados del Ejército y ex policías jujeños, Policía Federal, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial juzgados, entre otros, por el secuestro, la tortura y la desaparición de trabajadores de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma.

Por los crímenes cometidos en ambas empresas es investigada la responsabilidad civil de sus directivos. El propietario de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex Administrador General de la empresa, Alberto Lemos, fueron beneficiados por una falta de mérito en un fallo de 2015 de la Cámara de Casación. La megacausa suma 120 víctimas, de las cuales 44 siguen desaparecidas.

“Los procesos en la instrucción están detenidos, no hay avance sobre la causa”, comentó Eva Arroyo referente de HIJOS Jujuy a UnjuRadio.

“Tanto los familiares como los sobrevivientes están grandes, nos están dejando, y los imputados están alcanzando la impunidad biológica”, por ello “es urgente que estos procesos de instrucción penal avancen rápidamente”, indicó.

Para la referente, esta situación tiene que ver con “una voluntad política que no existe: vemos que al Juez no le interesa reparar el daño cometido”.

Asimismo precisó que está terminando el proceso en la Megacausa. Después de estar parada durante la pandemia, se encuentra en la etapa de alegatos: “este juicio tiene 120 víctimas y 23 imputados, de los cuales ya murieron 3”.

Se espera que la sentencia sea entre mayo y junio.

“Estamos a la expectativa de que se resuelva la situación de Blaquier”, agregó, debido a que, a pesar del informe que hizo el Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal de la Acusación, que señala que “el problema no es la parte física, sino a parte cognitiva del acusado”, este informe fue realizado “con certificados que presentó la defensa”, por lo que el fiscal solicitó que “se vuelva a peritar tanto psicológica como físicamente a Blaquier”.

Esto es lo que debe resolver ahora el Tribunal.

“La defensa sigue demorando el proceso. Queremos que se resuelva en este mes porque por un fallo arbitrario de Casación, y demoramos 6 años en la Corte para que sea juzgado”, sostuvo.

En tanto, el juicio a Lemos, otro de los acusado en la Megacausa, hasta el momento sigue en curso y “seguramente llegará a juicio”:

HIJOS tiene 40 querellas en el juzgado, aportó la investigación para la prueba, ya que consideran que lo más importante de este proceso, rumbo a los 50 años, “es que exista reparación”.

“Sigue habiendo una herida profunda que no encontró reparación a estos actos criminales cometidos durante la dictadura. Queremos que todos los partícipes del genocidio sean condenados, porque ese es un acto reparador y una deuda del Poder Judicial que fue partícipe con sus actos de omisión, esto no fue una actitud aislada, fue un plan sistemático para eliminar a quienes ellos consideraban peligrosos por luchar para subvertir el orden injusto que beneficiaba a unos pocos en detrimento del pueblo”, concluyó.