En la noche del lunes, once presos se fugaron de la Seccional N° 56 de Alto Comedero, de los cuales, hasta el momento fueron recapturados diez. Esta situación volvió a abrir el debate acerca de la capacidad para alojar presos que poseen las Comisarías en la provincia.
Sobre el tema, UnjuRadio dialogó con Malka Manestar, Abogada e Integrante de ANDHES (Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), quien señaló que “esta situación de superpoblación carcelaria viene desde hace varios años, y eclosionó con la pandemia, cuando veíamos que era imposible mantener las medidas de distanciamiento social”.
En este marco, indicó que el Servicio Penitenciario de Jujuy está colapsado puesto que “tiene una capacidad para alojar 624 presos y sin embrago hay 866 internos”. Esto fue algo que les planteo el Jefe del Servicio Penitenciario, Ariel Cari. En este sentido, Manestar remarcó la importancia de contar con un nuevo edificio para alojar a las personas privadas de la libertad.
Actualmente esta en ejecución la obra del nuevo complejo penitenciario en la localidad de El Chalicán, lo que permitirá el traslado del establecimiento carcelario del Barrio Gorriti
El complejo se desarrolla en 22 hectáreas pero dentro de un predio mayor de 40 hectáreas, con el fin de realizar futuras ampliaciones. Cuenta con una superficie de 13 mil metros cuadrados para alojar a 650 internos, la ejecución de obra es de 20 meses y cuenta con un presupuesto oficial de 2.600 millones de pesos.
Asimismo, la abogada consideró que es necesario “descomprimir los lugares de detención, tanto en cárceles como en comisarías, que tienen que ser lugares de tránsito para personas que están procesadas”.
Por otra parte, la integrante de ANDHES denunció la brutalidad con la que se trato a algunos de los reclusos que se fugaron y de los cuales se habrían divulgado incluso datos personales. Estas acciones “podrían catalogarse como tortura” indicó. Agregó que se estigmatiza a las personas privadas de libertad.
La abogada recordó que en la provincia se sancionó en el año 2019 una Ley que crea el mecanismo local de prevención de la tortura y que actualmente no está funcionando efectivamente, “se ha designado un representante del Poder Ejecutivo, y otro por el Poder Legislativo, pero falta alguien que represente a Organizaciones de la Sociedad Civil, para garantizar imparcialidad en las tareas de monitoreo sobre la prevención de tortura”, señaló a la emisora universitaria.
Para finalizar, Manestar indicó que desde ANDHES proponen la “creación de un organismo que funcione como una mesa de resolución alternativa de conflictos”, en la cual se planteen temas como la superpoblación de presos en las comisarias y la falta de condiciones mínimas de detención.
